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.Pingüinos desobedientes.

Las últimas dos semanas hemos presenciado la serie de actos de presión que han utilizado varios actores ligados a la educación liderados, esta vez, por la Asociación de Estudiantes Secundarios y cuya finalidad ha sido la de buscar e introducir importantes reformas a la estructura normativa del Sistema Educacional Chileno, especialmente la revisión de su Ley Orgánica Constitucional, la LOCE.

A nadie debería quedarle algún espacio para la duda si definimos a las tomas –una de las máximas acciones persuasivas, tanto por su magnitud como por su simbolismo- como un acto de desobediencia civil, es decir, la utilización de un medio definido como ilegal para obtener fines percibidos como justos por quienes los promueven.

Caemos así en la siguiente interrogante: ¿es una toma una acción injustificable, desde todas las perspectivas, por el sólo hecho de que el acto se considera por las leyes vigentes como ilegítimo?
Para intentar responderla prefiero plantear la disyuntiva desde otro enfoque: ¿Tenemos la obligación de obedecer una ley si tenemos la firme convicción de que ella promueve cosas que para nosotros están mal, en este caso, la inseguridad de que el sistema de educativo sea capaz de proveer los recursos necesarios en busca de un aprendizaje de calidad? Lo que necesitamos saber no es si deberíamos hacer lo que para nosotros está bien, sino la forma de decidir lo que está bien.
Es cierto que el sistema democrático asegura, en principio, procedimientos legales al alcance de todos aquellos que quieran llevar a cabo reformas, pero tal condición propia de este tipo de régimen no determina, por sí solo, que el uso de medios ilegales sea malo: miles son los casos en donde las posibilidades de lograr resultados esperados por vías democráticas son, por decirlo optimístamente, poco esperanzadoras y/o perpetúan los males que intentamos detener. De este modo, ¿qué ocurre cuando al parecer la mayoría de los estudiantes secundarios, certificado mediante consultas masivas a través de asambleas o plebiscitos, se pliegan a la detención de las injusticias que los dirigentes convocan? No cabe más que estar de acuerdo con que la desobediencia sí puede considerarse como una ampliación del uso de los medios legales para asegurar una decisión verdaderamente democrática, cuyo fin es informar y persuadir a las autoridades del hecho que para una gran cantidad de estudiantes (potenciales electores) y para la opinión pública el tema de cómo mejorar el sistema educativo –a todo nivel- tiene importancia.

Ahora, no es lo mismo justificar la desobediencia (siempre pacífica) como se ha planteado que cuando se busca actuar incluso en contra de la mayoría o del sistema democrático, menos si éste ya haya abierto sus puertas, ya que se percibe que sus posiciones se vuelven contradictorias. Claro ejemplo de esto fueron las protestas, saqueos y violencia aparecida el día Lunes 5 Junio, cuando grupos totalmente ajenos al conflicto –como el FPMR-, hicieron un llamado a marchar por la Alameda, adhiriéndose así al amplio llamado de la vocería del ACES.

Como conclusión, y con respecto a la mantención/deposición de las tomas, creo que ir en contra de la decisión mayoritaria significa rechazar la mejor base posible para la ordenación pacífica en sociedades igualitarias. Lo mismo para cuando se busca prolongar el conflicto -llamando a nuevas tomas, por ejemplo- cuando las autoridades del ramo han accedido a integrar razonablemente a los dirigentes secundarios en un amplio consejo que discutirá con profundidad el tema (esperemos); y el planteamiento de exigencias difusas o difíciles de implementar -y que de seguro no han sido debatidas con la profundidad y la difusión necesaria para con sus bases-. Todo ello deslegitima, a mi parecer, cualquier acción que pretendan implementar los dirigentes secundarios y/o los vinculados con la educación en pos del legítimo derecho al acceso de a educación de calidad.

posted by Ian Mackinnon @ 9:44 p. m.